Autonomía y libertad son conceptos muy ligados, y si no, que se lo pregunten a las personas que necesitan asistencia a causa de alguna deficiencia física.
Las mujeres del mundo entero sabemos que nuestra libertad está muy vinculada al sueldo que ganamos o ganaremos. Este nos permite – o permitirá – tomar decisiones sobre nuestras vidas (estudios, esposo, vender y comprar propiedades, viajar, etc.) que de otro modo estarían supeditadas a la voluntad de nuestro padre o tutor. Independencia económica y libertad de decisión, hoy día, son conceptos equivalentes.
Cualquier asociación de personas empieza su andadura impulsada por la necesidad de reclamar o defender un bien común, pero uno de los primeros pasos a dar será buscar la financiación que le permita cumplir su objetivo. Puesto que los beneficiados directos son los propios asociados, ellos corren con los gastos y trabajos habituales derivados de la actividad ordinaria de la asociación. Sin embargo, la sociedad también se beneficia de la labor realizada por estas personas que, por poner algún ejemplo, evidencian las deficiencias del Estado en la atención de los enfermos de esclerosis múltiple o de los niños superdotados y en la investigación de enfermedades raras; asociaciones que inculcan en niños y jóvenes el compromiso activo con el medio ambiente y, por extensión, con la sociedad civil y con la democracia; que recogen y atienden a los más pobres, etc. Por este motivo el Estado suele concederles alguna ayuda en forma de subvención o convenio.
Este planteamiento no sólo es de justicia, sino necesario. Tengamos presente que por la naturaleza de la actividad que desarrollan, no pueden generar recursos propios. Es decir, no venden nada que se les pueda pagar, ni ingresan dinero que puedan reinvertir en la propia asociación. Ayudarles económicamente, cuando se hace, demuestra la sensibilidad de las personas que integran las instituciones estatales. Es tanto como reconocer que “se les escapan” algunas realidades merecedoras de su atención – realidades que sí conocen a fondo asociaciones como las mencionadas-, y es la fórmula más eficiente para promover la iniciativa ciudadana y la corresponsabilidad social.
Este es el punto de partida adecuado para debatir sobre la financiación de la Iglesia. Yo añado el siguiente matiz: no es lo mismo colaborar en la financiación de una institución que permite, protege y promueve el desarrollo de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de culto, que una asociación que se dedica a recuperar el juego de los niños en las plazas de la ciudad, por muy loables que sean ambas acciones.
La Iglesia (todos nosotros) es mucho más que una asociación de fieles, pero también es eso, una asociación. Si quiere ser autónoma, tendrá que aplicarse algunos principios que asumen aquellas instituciones cuya independencia y eficacia son demostradas: 1/. Asumir que el mayor bienhechor será aquel más consciente de la urgencia de los proyectos realizados y el más afín a la espiritualidad (filosofía, intencionalidad o mentalidad) que los sustenta. Por eso ha de salirse a su encuentro con campañas bien organizadas, sin perder de vista los propios fines, conscientes de que la independencia estará siempre por encima de la gratitud. 2/. No puede darse por ganado o perdido definitivamente a ningún colaborador. 3/. A falta de un impuesto religioso – caso de Alemania, cuyos pros y contras sería bueno discutir -, es imperativo lograr que los cristianos nos hagamos “socios” de la Iglesia. No basta con marcar la “x” en la casilla de la declaración de la renta. Para lograr esto hay que currarse una buena campaña de sensibilización. 4/. Tampoco estaría de más someterse a la auditoría de instituciones independientes y de prestigio. 5/. Los laicos católicos debemos dejar de tirar piedras contra el propio tejado diciendo cosas como que “a la Iglesia no se le debe respaldo económico alguno, y que si tiene problemas de liquidez puede vender el Vaticano”. ¿Le diríamos lo mismo al Estado en el caso de de los museos u otros edificios civiles destacados?
Buscar la independencia económica y pelear denodadamente por conseguirla es un objetivo irrenunciable para la Iglesia. Pero seamos realistas: quien no tiene un sueldo no puede ser independiente, y quien tiene una vocación tan filantrópica como es el caso que nos ocupa, difícilmente puede dejar de pedir para dar.
YOTAMBIENSOY
“dices que la independencia económica es un objetivo irrenunciable para la Iglesia y, al mismo tiempo, que seamos realistas y que no dejemos de pedir al Estado para poder seguir dando, ¿en qué quedamos?”.