Graves insultos a la Virgen Dolorosa de Pamplona
Respuesta a D. Gaizka García Marcoartu: He querido esperar y sosegar la respuesta aunque las ganas me indicaban haberlo hecho de otra manera y mucho antes.
Soy componente de la Iglesia Católica, comunidad cristiana que tiene dos mil años de antigüedad y que a día de hoy, el número de Católicos supera con creces 1.250 millones de personas (por algo será, digo yo), incluido su propio sobrino, bautizado y comulgado en la dicha fe.
Entre tanta gente y en todos los estrados de esta comunidad, no me cabe la menor duda que hay de todo tipo de condición al igual que en el resto de las sociedades. Pederastas, pedófilos, machistas, homófobos, sinvergüenzas y otros, pero demostrado queda que en la Iglesia, en menor proporción que en nuestra misma sociedad española. Por lo tanto, en ese primer párrafo, ya carga mal las tintas que utiliza.
Vuelve usted a errar, en el nuevo comentarios sobre riquezas, apropiaciones de inmuebles, fortunas en paraísos fiscales, etc. ….Le dejo varios link donde si tiene usted interés y quiere salir del error en que se encuentra, pueda hacerlo con total naturalidad, pues hay muchas personas que como usted, solo ha oído, leído e informado de manera sesgada e interesado en hacer creer de lo contrario.
Lo de las lecciones de moral, pues puede usted que ahí lleve algo de razón. Puede ser que alguno del clero y algunas personas bautizadas, no puedan dar lecciones de moral y ética pues son personas que utilizan la religión de manera particular y son católicos a media jornada. Y en ese grupo podemos incluir a muchas personas que bautizan a sus hijos por motivos que nada tienen que ver con la religión. Muchas personas llevan a sus hijos hacer la primera comunión por esos mismos motivos, pero que en ambos casos, esos hijos ya no vuelve a pisar una iglesia con seguridad hasta el día de su funeral y mientras tanto se dedican a criticar y opinar sin conocimiento alguno, a un estamento al cual pertenecen por bautismo pero que no ejercen por allá sus motivos…
Y para dejar también claro que respeto su opinión y creencia, me alegro que usted no se encuentre entre esas personas que habitualmente “la buena Iglesia Católica” ayuda y socorre en sus necesidades, ya sean espirituales como económicas. Ahora mismo, tal y como le he dicho que pertenezco como laico a la Iglesia Católica, voy a cumplir con una de las mejores obra de misericordia como es la de “enseñar al que no sabe”. Por favor tome buena nota, aunque reconozco que la información es completa y extensa:
1º. La Iglesia Católica no es la única confesión que tiene exenciones del IBI
Aunque la izquierda intenta presentar dichas exenciones como un “privilegio” de la Iglesia Católica, no lo es. La Comisión Islámica de España (Ley 26/1992), la Federación de Comunidades Israelitas de España (Ley 25/1992) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ley 24/1992) tienen exenciones del IBI fijadas en dichas leyes. Además, las citadas normas fueron aprobadas durante el gobierno socialista de Felipe González. Es decir, que esas leyes las aprobó el mismo PSOE que ahora elude mencionar las exenciones a dichas confesiones, lo cual ya es el colmo, sobre todo teniendo en cuenta que sólo el 4,9% de los inmuebles exentos son propiedad de la Iglesia.
Teniendo en cuenta que no hay tantas mezquitas, sinagogas e iglesias evangélicas en España, ¿quién se beneficia de esa gran mayoría de las exenciones? Lo veremos más abajo. Por lo demás, discriminar a la Iglesia Católica de dichas exenciones sería un atentado directo contra el Artículo 14 de la Constitución, que establece que los españoles no podemos ser discriminados, entre otros motivos, por nuestras creencias religiosas.
2º. La Iglesia Católica no está exenta del IBI en todas sus propiedades
Como en el caso de las demás confesiones religiosas, la Iglesia Católica está exenta del pago del IBI en lugares de culto, oficinas anexas y centros de formación de sus ministros. En los inmuebles dedicados a actividades con ánimo de lucro la Iglesia Católica -y las demás confesiones- están obligadas a pagar el IBI como cualquier otro contribuyente.
3º. Las fundaciones de los partidos también gozan de exenciones del IBI
La Ley 49/2002, o Ley de Mecenazgo, es muy clara al respecto en su Artículo 15: “Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.” El Artículo 2 de dicha ley explica lo que se considera como entidades sin fines lucrativos:
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente: a) Las fundaciones. b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública. c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.
En virtud de la norma señalada, están exentas de pagar el IBI las fundaciones del PSOE (Fundación Pablo Iglesias, Fundación Sistema y Fundación Ideas) y su organización feminista, la Federación de Mujeres Progresistas, pues fue declarada de utilidad pública el 12 de mayo de 1999. Dicho sea a las claras, por si alguien no se ha enterado: el PSOE pretende que sus fundaciones -que no tienen comedores sociales ni prestan ayuda a los pobres- tengan exención y la Iglesia Católica no. ¿Estará preparado para acoger a todas las personas que se benefician de las cuantiosas obras sociales que sostiene la Iglesia, o pretende dejarlas tiradas en la calle?
4º. Los partidos políticos también están exentos de pagar el IBI
Me remito a lo que señala la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos en su Artículo 9.2: “En lo no previsto en este título se aplicarán las normas tributarias generales y en particular, las previstas para las entidades sin fines lucrativos.“ Las citadas normas para entidades sin fines lucrativos son las que se recogen en la Ley de Mecenazgo, que acabamos de ver. Así pues, el PSOE e IU están reclamando cobrar a la Iglesia Católica un impuesto del que dichos partidos están exentos. Y ejemplos no faltan para acreditarlo:
- Durante el mandato de Zapatero, el PSOE pidió la exención del IBI para su sede nacional, solicitando a Hacienda un informe que resultó ser favorable a dicha petición.
- En la ciudad de Zamora el PSOE llegó a solicitar la exención del IBI incluso con carácter retroactivo. Otro tanto hizo el PSOE en Ciempozuelos, Madrid.
- En 2012, ante las peticiones de los socialistas para se le cobrase ilegalmente a la Iglesia el IBI en los casos en los que está exenta de pagarlo, se descubrió que el PSOE no pagaba el IBI en sus sedes de Alcorcón, Majadahonda, Torrejón de Ardoz, Getafe, Fuenlabrada y Leganés (Madrid), Gerona y Casteldefels (Barcelona), entre otras.
- En la misma línea que el PSOE, y mientras reclamaba a la Iglesia el pago del IBI por inmuebles legalmente exentos del mismo, se descubrió que Izquierda Unida no pagaba el IBI de sus sedes de Córdoba, El Ejido (Almería) y San Andrés del Rabanedo (León). Tampoco lo pagaban dos inmuebles del PCE en Almería.5º. La izquierda no hizo campaña sobre el IBI de la SGAE, el Palace y el Ritz
- Además de las exenciones ya señaladas que figuran en la Ley de Mecenazgo y en la Ley de financiación de partidos políticos, el Artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala que también están exentos de pagar el IBI, entre otros:
- Los edificios propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, lo que incluye a ministerios, colegios y universidades públicas, etc.
- Los inmuebles de la Cruz Roja Española.
- Los inmuebles de representaciones diplomáticas o consulares.
- Previa solicitud, los colegios concertados.
- Los declarados expresa e individualizadamente como monumentos históricos de interés cultural, motivo por el que algunos ayuntamientos, como el de Madrid, llegaron a estar exentos del 80% del IBI al edificio histórico de la Telefónica en la Gran Vía, la sede de la SGAE o a los lujosos hoteles Ritz y Palace. Se da, además, otra paradoja: aunque las centrales sindicales sí que pagan el IBI por los inmuebles de su propiedad, muchas sedes de sindicatos son cedidas por el Estado y por tanto los sindicatos no pagan ese IBI. Es lo que ocurre, por ejemplo, con varias sedes de UGT y CCOO en Madrid. Si tienes curiosidad por ver la cantidad de sedes sindicales que se benefician de esta situación, tienes aquí el lista completa (impresa en PDF ocupa 39 páginas). Hay que señalar, además, que según el Artículo 5 de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, la cesión es gratuita, por lo que los sindicatos, además de no pagar el IBI, no pagan ningún alquiler al Estado, asumiendo sólo los gastos derivados del uso y mantenimiento de dichos locales. ¿Habéis visto alguna campaña de la izquierda denunciando esto? Yo tampoco. Y eso que dichos sindicatos tampoco tienen comedores sociales, ni casas de acogida para ancianos, enfermos o indigentes, ni tienen nada que se acerque ni remotamente a las obras sociales que impulsa la Iglesia en España (una labor social católica que ahorra miles de millones de euros al Estado).
- Otro de los bulos más repetidos por los medios progres, es el que asegura que la Iglesia Católica recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. A diferencia de otros bulos, éste tiene autores conocidos y fáciles de identificar.
- 6º. Las exenciones de las que se benefician los sindicatos
- A pesar de ello, la izquierda no hizo campaña alguna para que el Ritz, el Palace o la SGAE pagasen íntegro el IBI por dichas sedes. Toda su artillería la centra en la Iglesia Católica. ¿Será que la izquierda cree que atienden a más pobres en la SGAE, en el Palace o en el Ritz que en las iglesias?
Sobre las ayudas del Estado a la Iglesia Católica, “Según los cálculos de Europa Laica, son “unas cifras cercanas a los 10.000 millones de euros” cada año.” Seguro que recordaréis a Juan G. Bedoya porque en 2009 acusó a la Iglesia de contar los años desde el nacimiento de Cristo (cosa que hace la mayor parte del mundo, incluido el diario El País). Este mismo año Bedoya fue el autor de otro bulo publicado por El País y que este diario se negó a rectificar, ocultando una carta de la Conferencia Episcopal que desmontaba las mentiras publicadas por Bedoya, precisamente, sobre la financiación de la Iglesia.
Hay que decir que aquella primera intentona de Europa Laica por colar ese bulo no tuvo mucho éxito, así que volvieron a la carga con una nota de prensa publicada en abril de 2011. Esta vez la cosa tampoco tuvo mucho eco -pues Europa Laica no ofrecía el detalle en el que basaba ese cálculo, lo cual lo hacía poco creíble-, así que el 9 de mayo de 2011 Jesús Bastante -un tipo que llegó a publicar un bulo en la portada del diario Público– le dedicó una noticia en dicho periódico bajo el siguiente título: “La Iglesia recibe al año 10.000 millones de las arcas públicas”. En la noticia firmada por Bastante se daba por primera vez el desglose de esa cifra… y quedaba al descubierto el monumental engaño. A pesar de ello, los laicistas han repetido aquel titular, enlazando la noticia por doquier y sin pararse siquiera a mirar el enorme disparate que estaban difundiendo.
El bulo de los 10.000 millones, refutado punto por punto
A continuación veremos el desglose y la refutación de cada uno de los disparates que publicó Jesús Bastante para justificar dicha cifra de 10.000 millones de euros:
“249 millones: Asignación IRPF La Iglesia destina la asignación del IRPF íntegra a la financiación del culto y el clero.”
En el IRPF de 2010 la Iglesia Católica recibió 249.456.822 euros a través del IRPF, sí, pero porque así lo decidimos 7.260.138 contribuyentes, no el Estado. El dinero no salió de las arcas públicas, sino de nuestros bolsillos porque lo elegimos libremente. Una libertad que no tenemos, por ejemplo, para impedir que nuestros impuestos vayan a parar a Europa Laica, que sí recibe subvenciones directas del Estado.
“80 millones: “Otros fines” Es la parte que recibe de la casilla “otros fines” del IRPF. Va a diferentes proyectos de instituciones católicas.”
Hay que decir el dinero de la casilla de “fines sociales” (no “otros fines”) del IRPF lo reciben ONGs de todo tipo, no sólo ONGs católicas, por llevar a cabo labores sociales que redundan en beneficio de todos, no por sus creencias o su forma de pensar. Obvia decir que computar la parte de ese dinero que reciben ONGs católicas como ayuda del Estado a la Iglesia Católica es una burda manipulación. Es como decir que si el Estado da una subvención a un empresario católico ese dinero ha de computarse como ayuda a la Iglesia Católica. Absurdo.
“1.000 millones: Sin impuestos Es el ahorro por la exención del pago de impuestos como el del IBI o el de patrimonio.”
Para empezar, catalogar una exención fiscal como una ayuda del Estado es una enorme burrada. Que uno esté exento de pagar un impuesto no significa que reciba del Estado una ayuda equivalente al dinero que uno deja de pagar: simplemente el Estado deja de quitarte algo que es tuyo. Si aplicásemos la misma regla de tres de Europa Laica a otros casos, ¿deberíamos deducir que un ladrón que se decide a no robarnos nos está otorgando una ayuda? Por otra parte, Europa Laica demuestra una enorme ignorancia de la ley o una tremenda mala fe al ocultar que el Artículo 15 de la Ley 49/2002 dice lo siguiente sobre las exenciones del IBI: “Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.” La Iglesia Católica es una entidad que no tiene fines lucrativos. No es una empresa. Si lo que pretende Europa Laica es crear un estado de excepción para los católicos, habrá que recordarle que la discriminación legal por motivos de religión atenta contra el Art.14 de la Constitución Española.
“4.600 millones: Profesores y conciertos Recibe del Estado para pagar a los 16.000 profesores de religión de los colegios públicos y financiar centros concertados.”
Nuevo engaño, como el cometido por Europa Laica en el caso de las ONGs. El dinero que el Estado dedica a pagar a los profesores de religión no es una ayuda a la Iglesia Católica, sino que es una prestación a las familias derivada del derecho amparado por el Art.27.3 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” En cuanto al dinero que reciben los colegios concertados, ocurre lo mismo: un colegio concertado católico no recibe dinero del Estado por ser católico, sino por ser colegio y cumplir determinados requisitos legales, igual que reciben ese dinero otros colegios concertados no católicos. Ese dinero no es una ayuda a la Iglesia Católica, sino una prestación a las familias derivadas del Art.27.1 de la Constitución: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.” Nuevamente, si Europa Laica pretende que se discrimine a ciertos colegios a la hora de otorgar conciertos por el mero hecho de ser católicos, hay que recordarle que eso atenta contra el Art.14 de la Constitución. Y hay que recordarle también que millones de contribuyentes españoles somos católicos. ¿O es que se han creído que sólo una minoría de laicistas radicales paga impuestos, y que por ello hemos de otorgarles la autoridad para decidir qué hacer con nuestro dinero?
Pero aún hay más: la Memoria Justificativa de Actividades de 2008 de la Conferencia Episcopal indicaba, por ejemplo, que los colegios concertados católicos suponen un ahorro al Estado de 4.148 millones de euros. Un documento publicado por la CEE en julio de 2008 indicaba que “según datos del propio Ministerio de Educación, una plaza en un centro público tiene un coste anual de 3.518 €. Por su parte, en un centro concertado esa misma plaza cuesta al erario público únicamente 1.841 €“. Es decir, la enseñanza concertada le ahorra dinero al Estado, es decir, a todos los contribuyentes. Pero esto se lo calla Europa Laica.
“3.200 millones: Atención sanitaria Para financiar tanto dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas.”
Igual que en el caso de los colegios y de las ONGs, Europa Laica vuelve a cometer un engaño al computar como ayudas a la Iglesia Católica unas subvenciones que se dan a ciertos hospitales por el servicio social que prestan, igual que se conceden a otros hospitales no católicos. Es más: la labor que hacen las ONGs, los colegios y los hospitales católicos ahorra un dineral al Estado, y de hecho, en la mayoría de los casos, al Estado le sale más barato subvencionar iniciativas sociales que ya hacen un servicio a toda la comunidad que crear servicios públicos equivalentes pero más costosos. A modo de ejemplo, en 2004 el prestigioso economista José Barea publicó un estudio que apuntaba que el Estado se ahorra 5.350 millones de euros gracias a los hospitales católicos y 4.016 millones gracias a otros centros sociales católicos. ¿Por qué Europa Laica se calla esto? ¿Será porque prefiere que los contribuyentes paguemos más impuestos con tal de alcanzar su propósito de catalogar a los católicos como ciudadanos de segunda?
“25 millones para funcionarios Le entrega el estado para el pago del sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles.”
Lo que Europa Laica no dice es que los capellanes castrenses cubren sus plazas por oposición, como los demás funcionarios, que durante el desempeño de su servicio se hallan sujetos a la normativa militar, y que el dinero que se destina a su manutención se justifica por la asistencia religiosa que prestan a los miembros de las Fuerzas Armadas allí donde estén destinados, incluso en misiones de combate. Que Europa Laica exija eliminar ese servicio porque odia la religión es como si los Testigos de Jehová reclamasen que el Ejército prohibiese las transfusiones de sangre, o como si los musulmanes reclamasen que nuestras Fuerzas Armadas vetasen la carne de cerdo. En cuanto a la estimación que hace Europa Laica del dinero destinado a esos servicios religiosos por parte de las Fuerzas Armadas, me remito a lo que publicó esa organización laicista en su web en agosto de 2010: “No es posible tener acceso a datos globales y fehacientes sobre el dinero público dedicado al servicio y atención religiosa de las Fuerzas Armadas en los Presupuestos Generales del Estado (Ministerio de Defensa…).” ¿Puede explicar entonces Europa Laica de dónde sacó esa cifra, que en su web se califica como inaccesible? ¿Quizás se la ha inventado?
“500 millones: Monumentos Es el dinero que recibe para financiar las labores de conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia”
Volvemos al mismo caso que con las ONGs, los colegios y los hospitales. El Estado subvenciona la conservación de ciertos monumentos no en función de su titularidad, sino por ser parte de nuestro patrimonio artístico. Buena parte de ese patrimonio es propiedad de la Iglesia Católica, igual que hay monumentos que son propiedad de particulares o de otras instituciones. Si Europa Laica pretende que se discrimine de las ayudas públicas al patrimonio artístico a ciertos monumentos por el mero hecho de ser católicos, lo que está sugiriendo es que se viole el Art.14 de la Constitución.
“290 millones: Eventos locales Subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local”
Desconozco qué entiende Europa Laica por “eventos religiosos” y “asociaciones de ámbito local”, pero si reciben ayudas públicas eventos como el desfile del “orgullo gay”, ¿qué motivo hay para discriminar a los eventos católicos? Por otra parte, me permito cuestionar ese cómputo. La mayor parte de las fiestas populares de España tienen una raíz religiosa pero poseen también una dimensión profana muy importante. ¿Qué parte de esas fiestas ha incluido Europa Laica en ese saco? ¿De qué tipo de asociaciones locales habla, y en función de qué reciben ayudas dichas asociaciones? En vista de las descaradas manipulaciones que hemos visto antes, y de la enorme mentira que veremos a continuación, esa cifra no explicada ni detallada ya no me merece credibilidad alguna.
“60 millones: Jornada de la juventud Es el dinero que, según las previsiones, costaría al erario público las Jornadas de la Juventud que se celebraron ese verano en Madrid.”
Esto ya es el colmo de la mentira. Para empezar, la cifra no era de 60 millones, sino de 50, y fueron financiados íntegramente por los propios peregrinos y por empresas privadas. Esto se ha repetido por activa y por pasiva, pero Europa Laica ha seguido difundiendo ese embuste. Hay que decir, además, que la JMJ dejó 160 millones de euros en beneficios en hostelería, transportes y comercios, lo que redunda en más ingresos -vía impuestos- para el Estado a pesar de que ese evento tuvo un coste cero para el contribuyente. Que a pesar de ello Europa Laica insista en esta trola ya es el colmo de la cara dura.
Los propios medios progres ya no se ponen de acuerdo en sus bulos
Hay que decir que en su afán de difundir bulos tan inconsistentes como el que acabamos de ver, los propios medios laicistas ya se hacen un lío. Veamos un ejemplo: En 2008 El Plural, situaba la cifra en 5.000 millones, es decir, la mitad de lo que cifraba el bulo lanzado por Europa Laica y difundido por El País y Público. ¿Dirán que antes de la crisis el Estado daba menos a la Iglesia, y que en plena recesión a ZP le dio un telele y lanzó una lluvia de millones sobre los Obispos?
A su vez, en enero de 2010 Público decía que la Iglesia Católica recibía al año 6.000 millones de euros del Estado. Un año después, como hemos visto, aumentó por arte de magia esa cifra a 10.000 millones. Pero el baile de cifras en el diario de Mediapubli no se había acabado: al mes siguiente de difundir el bulo de los 10.000 millones, Público titulaba que la Iglesia recibía 7.000 millones del Estado. Total, ¿qué son 3.000 milloncejos de euros, es decir, medio billón (con be de burro) de pesetas? Una nadería de ésas que no importan en los balances contables, claro… En enero de 2012 un columnista de Público rebajaba la cifra apelando a su propio periódico (ya me cuesta contener la risa); lean, lean:
“Según datos enteramente fiables, y que pueden consultarse de modo exhaustivo en las hemerotecas de los diarios Público y El País, la Iglesia Católica recibe anualmente del Estado 6.500 millones de euros.”
Pero por si alguien no se había reído bastante con esta ceremonia de la confusión, hace dos semanas otro columnista de Público elevaba otra vez la cifra hasta los 11.000 millones, y lo hacía enlazando, eso sí, la noticia que hablaba de los 10.000 (será que una cifra tan redonda le pareció poco y decidió añadirle por su cuenta 1.000 milloncejos más, así, como de propina).
Vuelven a la carga contra su chivo expiatorio favorito al decir que la Iglesia recibe del Estado esos 10.000 millones de euros al año, y añade lo siguiente: “Algunos estudios de próxima publicación concluyen además que anulando las subvenciones a la Iglesia no sería necesaria la ampliación de la jubilación a los 67 años.” Según Bastante, esas ayudas a la Iglesia le cuestan 200 euros a cada español anualmente. Eso sí, don Jesús se encarga de destrozar esa estadística al incluir en la media la asignación a la Iglesia Católica en el IRPF, una asignación voluntaria que sólo marcamos aquellos que libremente queremos destinar una parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Se trata de una libertad que no tenemos, por ejemplo, para decidir si queremos que nuestros impuestos vayan a partidos políticos y sindicatos a los que no votamos y en los que no militamos, y cuya aportación a la sociedad es más que discutible.
La Iglesia ahorra al Estado 4.148 millones de euros en educación
Lo que no cuenta el Lobby cristianofóbico es lo que la Iglesia aporta al Estado y a la sociedad. La Memoria Justificativa de Actividades de 2008 publicada por la Conferencia Episcopal indica, por ejemplo, que son 4.148 millones de euros de ahorro al Estado ya sólo en educación. Un documento publicado por la CEE en julio de 2008 indicaba lo siguiente: “Según datos del propio Ministerio de Educación, una plaza en un centro público tiene un coste anual de 3.518 €. Por su parte, en un centro concertado esa misma plaza cuesta al erario público únicamente 1.841 €“. Un total de 1.370.151 alumnos reciben su educación en colegios católicos. Los padres de esos niños pagan impuestos igual que todos, pero por una cuestión de ideología la izquierda lleva mal que elijan la enseñanza católica, aunque le resulte más barata al Estado. De ahí campañitas como la desatada por Público y Europa Laica.
El Estado se ahorra 31.186 millones de euros gracias a la Iglesia
La propia Conferencia Episcopal no se atreve a dar cifras sobre el ahorro que suponen al Estado las obras sociales católicas. Sí que hay algunos estudios que apuntan cifras concretas. En noviembre de 2004 el prestigioso economista José Barea cifró en más de 31.186 millones de euros (cerca de 5,19 billones de pesetas) el dinero que la Iglesia ahorra al Estado. En aquel estudio se precisaba que el Estado se ahorra 5.350 millones de euros gracias a los hospitales católicos y 4.016 millones gracias a otros centros sociales atendidos por la Iglesia. La citada Memoria de 2008 de la CEE señala que las ONGs católicas, Cáritas y Manos Unidas atendieron a 2.764.719 personas en sus 4.459 centros. Tres años después, y con el aumento del paro y de la miseria que ha supuesto la crisis, podemos hacernos una idea de lo que habrá aumentado esa cifra: ahora hay en España 2,7 millones de parados más de los que había en 2014, muchos de ellos atendidos y alimentados por las obras sociales católicas.
Si la Iglesia no prestase esa labor, se tendrían que subir los impuestos
Esta labor de la Iglesia cuenta con el reconocimiento de la sociedad: año tras año aumentan las personas que marcan la casilla de la Iglesia en el IRPF. De esta asignación salimos beneficiados todos. Como señalaba el profesor Barea en el mencionado estudio, “si la Iglesia no prestase sus servicios, tendrían que aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los beneficiados y para los contribuyentes”. Así que la supresión de esas partidas que sugiere Jesús Bastante en Público no sólo no tendría el efecto que él señala sobre las pensiones, sino que más bien pondría en aún más aprietos no sólo a las pensiones, sino también a otras prestaciones públicas, al tener que asumir el Estado una enorme labor social que la Iglesia lleva a cabo a un coste mucho menor del que supondría que la asumieran funcionarios o personas contratadas a precios de mercado.
Europa Laica, financiada con los impuestos de todos
Hay que decir que el número de personas que marcan la casilla de la Iglesia en el IRPF aumenta año tras año a pesar de las campañas de Europa Laica para que no se marque ninguna casilla, ni la de la Iglesia ni la de fines sociales.
Curiosamente, a lo que no nos podemos negar los contribuyentes es a financiar a Europa Laica. En diciembre de 2006 esa minúscula entidad, que no atiende ni a enfermos ni a pobres ni a ancianos, recibió 2.500 euros del Ministerio de Justicia por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia, con cargo al erario público.
Paradójicamente, la subvención tenía como fin “la promoción de la libertad religiosa”, un derecho rechazado desde la web de Europa Laica.
Cáritas, Manos Unidas, las monjitas… ¿Un “Lobby religioso”?
Si es más o menos habitual que la ultraizquierda cristianofóbica emprenda campañas demagógicas contra la Iglesia Católica, publicando estadísticas manipuladas y ocultando lo que la Iglesia aporta al Estado y a la sociedad; lo que me pasma es encontrarme con un apoyo a esta campaña desde un blog de la Red Liberal, concretamente desde una de las bitácoras de referencia del llamado anarcocapitalismo. Jorge Valín ha secundado la campaña de Europa Laica pero, eso sí, añadiéndole él este título: “Detalle de lo que cuesta el Lobby religioso”. Yo me esperaba encontrar las cifras que cobran del Estado grupos de inspiración cristiana que se dedican a la acción de lobby, como HazteOir.org, pero el caso es que HO no recibe subvenciones. En lugar de eso, me encuentro con obras asistenciales, hospitales, colegios, cuidado del patrimonio artístico… ¿Eso es un “lobby religioso”?
Para terminar con el tema de la usurpación de bienes por la Iglesia, le dejo estos apuntes sobre la INMATRICULACION DE PROPIEDADES:
La propiedad es un hecho anterior al registro. El registro es una forma de dar seguridad jurídica y publicidad a la propiedad. El registro no crea la propiedad sino que la refleja. Si un día ardiera el registro, eso no quiere decir que todos los propietarios perderían la propiedad de los bienes registrados. De la misma manera, el registro no es causa de la propiedad sino más bien su consecuencia.
Inmatricular, es el concepto de inmatriculación y se refiere a la primera inscripción de un bien en el registro de propiedad. Sólo se pueden inmatricular bienes que no están previamente registrados, lo que nos lleva al siguiente punto.
La Iglesia no se apropia de bienes ajenos pues no puede inmatricular inmuebles que están registrados por otras personas o por otras instituciones. La Iglesia, por tanto, no se apropia de nada ni puede registrar los inmuebles que le parezca. La Iglesia no puede inmatricular El Sadar, El Corte Inglés, el piso de un particular ni la ikastola de la esquina.
Un privilegio relativo pues cualquiera pude registrar un bien en el registro de la propiedad. En este sentido, las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia no suponen ningún privilegio. La ley faculta a la Iglesia, sin embargo, para inmatricular bienes en igualdad de condiciones que el estado, las provincias, los municipios o las corporaciones de derecho público, los cuales pueden inmatricular un bien incluso careciendo de título escrito de dominio. Puede ser discutible, de hecho es lo único que se discute en el campo jurídico, que la Iglesia tenga que tener esa facultad. Que tenga esa facultad, sin embargo, no quiere decir que la Iglesia carezca de títulos de dominio de los bienes que ha inscrito, que pierda la propiedad de los bienes registrados si pierde esa facultad o que esos bienes registrados no sean suyos.
Los bienes que inscribe la Iglesia no son públicos ni del estado. Desde distintos medios se viene repitiendo la idea de que la Iglesia se “apropia” de los bienes que inscribe, lo cual es rotundamente falso. Por un lado, como decíamos, la Iglesia no puede inscribir bienes que ya estén registrados a nombre de un propietario, incluyendo el estado, las comunidades autónomas o los municipios, quienes además pueden inmatricular, como también señalábamos, en igualdad de condiciones que la Iglesia. En todo caso, toda entidad o particular que pueda alegar la propiedad de un bien inmatriculado por la Iglesia siempre puede recurrir la inmatriculación ante la Justicia.
No es un privilegio franquista. Otra de las ideas falsas que se repiten desde los medios respecto a las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia es que se realizan al amparo de una ley franquista de 1944 y a la reforma del Reglamento Hipotecario acometida por Aznar en el año 98. La falsedad de este mantra resulta evidente para cualquiera que se moleste en leer el Reglamento Hipotecario de 1.915, donde ya aparece la capacidad de inmatricular de la Iglesia en condiciones equiparables a las del estado, o en el Real Decreto de 6 de noviembre de 1.863 que regulaba el Registro de la Propiedad. De hecho, este decreto nos da la clave del sentido de las inmatriculaciones, que pasamos a explicar en el siguiente punto.
Sólo muy recientemente la propiedad se encuentra debidamente documentada, aunque actualmente el más mínimo trámite en nuestras vidas mueve en la administración montañas de papeles, no ha sido así en el pasado. La exposición de motivos del citado Real Decreto de 1.863, regulando el Registro de la Propiedad, exponía respecto a la inscripción de los bienes de la Iglesia tras las desamortizaciones que ésta había sufrido que “Como gran parte de unos y otros [bienes amortizados y no amortizados] carecen de título inscrito, bien porque nunca lo tuvieron, ó bien porque se extraviaron al incautarse de ellos el Estado, por más que abone su dominio una larguísima y no interrumpida posesión, es indispensable suplir este defecto de modo que, sin faltar á la ley, pueda tal inscripción verificarse sin menoscabo de ningún derecho”. Es por ello que se articulaba esta facultad para la Iglesia. El mundo en el que hace 150 años o más cada propiedad se encontraba perfectamente documentada y registrada con títulos escritos y depositados en un registro público es sencillamente imaginario. El propio Real Decreto citado, incluso siendo el encargado de regular el funcionamiento del Registro de la Propiedad, declaraba en su preámbulo la innecesariedad de inscribir los templos destinados al culto, porque “no es indispensable que estén señalados con un número en el Registro para que sea notorio su estado civil”. Y efectivamente nadie ha cuestionado la propiedad de los bienes de la Iglesia (ni siquiera quienes los amortizaron) hasta el momento presente, en el que algunas instancias anticatólicas pretenden crear la ficción de que nunca se ha sabido a quién han pertenecido los templos, conventos u otros bienes de la Iglesia.
La usucapión. En relación con lo anterior, en un mundo donde no todo estaba inscrito ni ordenado, la legislación civil siempre ha contemplado la forma de otorgar seguridad jurídica al poseedor de un bien cuya titularidad no estaba documentada (ni por él ni por otro) pero cuyo dominio sobre ese bien se prolongaba durante un amplio espacio de tiempo. Esta figura jurídica, llamada usucapión, se describe a partir del artículo 1.941 del Código Civil y establece la adquisición de la propiedad de los bienes inmuebles por el poseedor al cabo de 30 años de posesión incluso “sin necesidad de título ni de buena fe”. Bajo ningún concepto cabe confundir esta figura con la “ocupación”, ya que precisamente ésta se ejecuta sobre un bien registrado o del que es titular un propietario. Por la misma razón tampoco cabe comparar la ocupación con la inmatriculación, cuya característica principal es precisamente la de constituir la primera inscripción en el registro ola de estar la Iglesia, a veces desde tiempo inmemorial, en posesión del bien inmatriculado. Los bienes del estado son imprescriptibles, pero obviamente siempre que el estado (que puede registrar con la misma facilidad que la Iglesia) pueda demostrar que es propietario. Todo esto quiere decir que, más allá de las proclamas mediáticas o políticas incendiarias, en el campo jurídico el debate real no está de hecho tanto en la propiedad misma de los inmuebles de la Iglesia, sino en su capacidad para seguir inscribiéndolos por un procedimiento particular.
No hay jurisprudencia y sólo algunas sentencias en todos los sentidos. Por ello, el debate de las inmatriculaciones no ha tenido de momento una amplia expresión en los tribunales. De hecho no existe jurisprudencia en los tribunales al respecto sino algunas sentencias aisladas de algunos juzgados, alguna ni siquiera firme, que en algún caso han dado la razón a la Iglesia y en otro al municipio.
La Iglesia inmatricula sus bienes para protegerse y así poder concluir y dejar claro que los lugares de culto, evidentemente, fueron erigidos con ese fin. Desde tiempo inmemorial han sido dominio incuestionado de la Iglesia y destinados a ese fin. La Iglesia, básicamente, se limita a registrar sus bienes para protegerse de posibles ataques como haría cualquiera. El registro, por lo demás, no crea la propiedad sino que la refleja. La Iglesia no puede registrar todo lo que le parezca. Para que la Iglesia pueda registrar algo, tiene que tener dominio sobre ello y no puede estar registrado previamente por nadie. Incluso si la Iglesia registra algo que no está registrado por su propietario, el propietario se puede oponer al registro oponiendo su título de propiedad. Por lo demás, si un bien es de la Iglesia, como es lógico puede venderlo, arrendarlo o hacer con él lo que le parezca. Cabe señalar también la paradoja de que quienes más insisten en separar la Iglesia del estado pretendan ahora al mismo tiempo que hasta los lugares de culto sean del estado. Finalmente, las inmatriculaciones más recientes, a la luz de los hechos, no son más que una reacción justificada ante la agresividad de sectores que, más que defensores del laicismo o la aconfesionalidad del estado, podrían calificarse más bien como anticatólicos.
Resumiéndole cifras y datos de ésta «endemoniada» Iglesia Católica:
5.141 Centros de enseñanza con 990.774 alumnos. El Estado se ahorra tres millones de euros por centro al año. Y con los mejores resultados escolares.
107 hospitales que ahorran al Estado cincuenta millones de euros por hospital al año.
1.004 Centros entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y otros de enfermos terminales, incluso de SIDA, con un toral de 51.312 camas y con un ahorro de cuatro millones de euros por centro al año.
155 millones de euros como gasto de Cáritas al año, salido del bolsillo del los católicos españoles y de otros no creyentes que ayudan a ello.
43 millones de euros como gasto anual de Manos Unidas , todo ello de la misma salida de bolsillo.
21 millones recaudados en el Domund para misiones.
365 Centros de Reeducación para marginados sociales, ex-prostitutas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos, en total 53.140 personas ayudadas, con un ahorro para el Estado de medio millón de euros por centro al año.
937 orfanatos y centros de acogida, con 10.835 niños abandonados y ahorrándole al estado mas de cien mil euros al año por centro.
La Iglesia paga mas del 80% de los gastos de conservación y mantenimiento del Patrimonio Histórico, calculando un ahorro al Estado de entre 32.000 y 36.000 millones de euros al año.
Y a todo esto, hemos de sumar que casi todas, por no decir todas las personas que trabajan y colaboran con Cáritas, Acción Católica, Manos Unidas y resto de organizaciones, lo hacen de manera altruista y sin sueldo alguno. Son personas que ayudan a los demás sin pedir nada a cambio y entregando muchas veces hasta su propia vida. ¿En que cifras se puede tasar esas colaboraciones?
Muy poca gente conoce o mejor dicho, reconoce estos datos. ¿Cuántos comedores sociales abre UGT, CCOO, PODEMOS, CIUDADANOS, PSOE, PP o resto del Estado? ¿Cuántos Hospitales tienes estas entidades dejando a un lado los públicos?
Aquí concluyo esperando haberle sido de ayuda para esclarecerle datos y conclusiones.